Ya se sabe que los nuevos ricos son los políticos y la alta burocracia; lo mismo si son legisladores, ministros de la Corte, magistrados, consejeros electorales o funcionarios electos. Aunque la pobreza persiste, la democracia ha hecho algunos ricos más pronto de lo que ocurrió con el régimen que sucede a la centenaria Revolución mexicana. Al menos los caudillos y los caciques se jugaron el pellejo y con creces pasaron la factura; los de ahora nada hay que lo justifique que no sea su condición de custodios o repartidores del dinero público. El problema existe en todo lugar, da para los organismos descentralizados, las instancias autónomas de autoridad, los tres niveles de gobierno, los tres poderes o gobiernos de cualquiera de los tres partidos. La constante es el enriquecimiento a costa del pueblo.
A Fox se le critica que la riqueza petrolera se haya dilapidado al financiar una inmensa y privilegiada alta burocracia; lo mismo se dijo de López Portillo por proyectos ruinosos de infraestructura. El hecho es que en los últimos años el gasto que más ha crecido ha sido el de las Cámaras federales. La casa actual de los diputados y la futura de los senadores hacen poca justicia a la pobreza en el país, aunque el peor problema es que no hagan su trabajo: caros y malos.
No son pocos los que desde el centro critican a los gobiernos locales, pero no se advierte lo que sucede en la casa propia o con las delegaciones federales, con la asignación de contratos que se hacen y los privilegios de una improductiva burocracia nacional. Las cifras son de escándalo si se compara con otros países, incluso los más ricos, como lo han revelado investigadores del CIDE en una serie de estudios titulada el uso y abuso de los recursos públicos, proyecto coordinado por quien debió ser secretario de Educación o presidente del Consejo General del IFE, Carlos Elizondo Mayer-Serra.
En la forma, el país es más democrático; en la realidad, igual o más corrupto. La evidencia es irrefutable. Los índices internacionales condenan a la actual generación política. El cinismo es la divisa, como se ve en la respuesta airada del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, quien ha llamado a los responsables del estudio del CIDE para aclarar que es mentira que los consejeros electorales ganen más que el presidente Calderón. El hecho es que la Constitución asignó a los consejeros un ingreso igual al de ministro de la Corte. Justo es que la Patria premie con creces a quienes todo dan por servir a la democracia, después de pasar la ignominia que significan los vetos y votos de los partidos.
La Revolución no pretendió la renovación moral de la sociedad; al dictador Díaz no se le echó del poder por corrupto, sino por terco y autoritario. El nuevo régimen dio algo de libertades, pero no democracia ni justicia social; muchos mexicanos de valor como Vasconcelos y Gómez Morín pasaron a la condena moral del gobierno; tiempo después se sumarían Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz, Pablo González Casanova y, más recientemente, Julio Scherer y Carlos Monsiváis. Sin embargo, la democracia blindó a los corruptos; la sospecha y la evidencia son generalizadas, pero las denuncias serias son prácticamente inexistentes o ineficaces. Por ello, el trabajo del CIDE debiera merecer una reflexión pública y no conceder el menor espacio a quienes por alusiones personales pretenden desacreditarlo. El cinismo no tiene límites: a los corruptos los llaman por su nombre y hasta se ofenden.
La medida de la probidad del servidor público no son las palabras sino el modo de vida, el patrimonio acumulado en el cargo. Pocos pasan la prueba. La justa medianía de Juárez se ha vuelto ilusión para los gobernados y para la alta clase política, aterradora amenaza.La situación hace pensar que los nuevos ricos se sienten con derecho al dinero público a manera de vengar el desprecio popular sobre ellos. La realidad es que el abuso se generaliza y las complicidades llevan a la complacencia y a la ineficacia en la rendición de cuentas, como ocurrió en casos de trascendencia y ocasión para medidas ejemplares: el Pemexgate, “Amigos de Fox” o la corrupción de Pemex, todo ello durante el gobierno de quien declara estar empatado con el presidente Calderón.
En 1947, tres décadas después de la Revolución, Daniel Cosío Villegas mostró su fracaso. Ahora se cumplen veinte años del IFE, 13 de gobierno dividido y una década de alternancia en la Presidencia. El balance sobre el estado actual de cosas es concluyente: la generación política que la democracia llevó al poder falló amplia y rotundamente. Los nuevos ricos son prueba y condena. Para mejorar, para cambiar es indispensable una visión crítica de lo existente. Los ensayos del CIDE son un buen precedente.
Federico Berrueto.
fberruetop@gmail.com
Nota: Reproducción autorizada por el autor para este blog.
